EL GOBIERNO DEL PSOE SE NIEGA A FACILITAR INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE DE LA COMPRA DE LOS CINES, DENUNCIADA POR JxU Y C's

4.1.2021

 

 

Después de que el 5 de marzo del pasado año Juntos x Utrera y Ciudadanos presentaran de manera conjunta en el Juzgado de Utrera, una denuncia por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, delitos en los que se podría haber incurrido en la compra de las salas de cine del centro comercial Los Molinos, el procedimiento sigue su curso sin que el gobierno de Villalobos facilite la información que desde el principal grupo de la oposición, Juntos x Utrera, se le ha solicitado.

 

Precisamente cundo el portavoz de JxU, Francisco Jiménez, ha acudido a prestar declaración ante la Policía Judicial de la Guardia Civil, ha tenido conocimiento de la existencia de un informe elaborado por un técnico municipal en el que se establece que el precio de mercado de las salas de cine es bastante inferior de lo que el Ayuntamiento ha pagado por ellas. Además de este documento, también se mostró a Jiménez una propuesta del alcalde, José Mª Villalobos, en las que realizaba una oferta de compra a Hermanos Tagua más alta de la valoración hecha por el citado técnico. Resulta muy llamativo que Villalobos se dirija a Hermanos Tagua sin que esta empresa fuese la propietaria de las salas de cine, ya que no se efectuó la compra hasta junio de 2019, meses después de la oferta del alcalde.

 

Al tener conocimiento de la existencia de estos documentos que se entregan a la Guardia Civil dentro del expediente de compra de las salas de cine, el portavoz de Juntos x Utrera manifiesta no conocer ninguno de los dos escritos, ya que cuando su partido tuvo acceso al expediente estos papeles no estaban incluidos en él. Por ello, Francisco Jiménez ha solicitado el acceso y copia de ambos documentos, recibiendo la negativa del delegado de Presidencia por dos ocasiones, a pesar de que el propio Reglamento del Ayuntamiento de Utrera sobre el derecho de información de los miembros de la corporación señala que “para el mejor cumplimiento de sus funciones, todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a obtener del Gobierno y la Administración municipal, todos los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios de la Corporación y sean necesarios para el desempeño de su cargo”.

 

El Reglamento de Transparencia llega aun más lejos y recoge que el Gobierno Local no tiene derecho ni a pedir explicaciones de para qué se quieren esos documentos y que tampoco puede valorar la idoneidad de la petición de informes de la oposición, ya que el derecho a la información de los miembros de la Corporación así lo recoge.

 

Francisco Jiménez recuerda que los documentos solicitados “no son ni secretos oficiales ni tampoco forman parte de ningún sumario judicial. Y menos aún pueden interferir en la investigación de la Guardia Civil quién ya posee una copia de los mismos. Desde nuestro punto de vista la negativa del delegado de Presidencia incumpliendo el reglamento sólo obedece a razones políticas”.

 

Hay que recordar que entre los hechos denunciados destacada “que un particular haya obtenido un beneficio descomunal por una compra y una venta a los pocos días, actuando supuestamente como conseguidor del Ayuntamiento”. También “que se condonaran o asumieran pagos de impuestos por parte del consistorio que hubieran correspondido a la parte vendedora”, y que en la firma figurara como notario “un concejal del Ayuntamiento que, además, comparecía como invitado en las Juntas de Gobierno en las que se discutieron los pormenores de la operación”.

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